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Fiscalía busca suspender a FP en sus actividades políticas

El fiscal José Domingo Pérez tiene un nuevo objetivo: la suspensión de las actividades políticas del partido Fuerza Popular.

Según el requerimiento fiscal de fecha 2 de agosto, en el que se solicita la incorporación del partido «naranja» como persona jurídica en el proceso por el caso Odebrecht, el Ministerio Público argumenta para que, «en su momento, si se estimase la pretensión penal», se disponga su suspensión de actividades por un plazo no mayor de tres años.

Y aunque la suspensión no sería inmediata, porque tendría que realizarse durante el proceso judicial, sí podría afectar la participación de los «naranjas» en las elecciones del 2021.

Argumentos. De acuerdo con el documento, al que accedió Correo, la Fiscalía considera que Fuerza Popular habría recibido un millón de dólares de Odebrecht, a través de los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya; además de la suma de $200 mil, que fue entregada por la constructora a favor de la agrupación a través de la Confiep.

Este dinero, continúa el escrito, «habría sido colocado en el sistema financiero» en forma de contribuciones económicas a la campaña presidencial del fujimorismo en el 2011, mediante aportantes falsos. Esto último basado en las declaraciones ante el despacho del fiscal Pérez del sobrino de Jaime Yoshiyama, Jorge Yoshiyama; y del excongresista Rolando Reátegui.

Es bajo esta consideración que la Fiscalía sostiene que una «cúpula enquistada en el partido» habría utilizado a la agrupación para «colocar dinero de procedencia ilícita» en forma de aportes.

Es decir, la existencia de una presunta organización criminal, liderada por Keiko Fujimori, que habría cometido el delito de lavado de activos, también comprometería el papel que se le atribuyó al partido político en las campañas del 2006 y 2011.

Por este motivo, el Ministerio Público considera necesaria la incorporación de Fuerza Popular en el proceso que se le sigue a Fujimori para que, en caso se disponga una sanción penal, se contemple la suspensión de actividades del partido por un periodo que no supere los tres años.

Esta sugerencia, de acuerdo con el pedido, se sustenta en que la persona jurídica debe ser comprendida expresamente durante la investigación preparatoria, para «de ser el caso, poder aplicar las consecuencias accesorias previstas en el ordenamiento penal» y pueda ejercer así su derecho a la defensa.

REPROGRAMADA. Precisamente ayer se tenía prevista una audiencia para evaluar el pedido del fiscal Pérez; sin embargo, la misma fue reprogramada a pedido del Ministerio Público para el próximo 7 de noviembre por la tarde. Juan Carlos Alarcón, abogado de la mencionada agrupación política, explicó a Correo que la sesión tenía como objetivo establecer la posibilidad de incorporar al partido «naranja» en la investigación preparatoria.

«Se tiene que revisar si cumple con los requisitos, si la doctrina lo establece; tan solo es para ver esa cuestión», indicó.

Sobre la posibilidad de suspender al partido, agregó que se vería en el supuesto de que el fiscal requiera una acusación en una nueva etapa intermedia.

«Tiene que pasar un control de acusación. El fiscal lo puede solicitar, es un filtro que se tiene que ver», comentó.

Sin embargo, el letrado aclaró que no conoce los motivos de la solicitud de la Fiscalía para posponer la audiencia.

CRÍTICA. Luego de conocerse que la Fiscalía busca suspender a Fuerza Popular por tres años, las reacciones de los excongresistas fujimoristas no tardaron en llegar.

El exparlamentario Mario Mantilla aseguró que el fiscal Pérez viene actuando de manera política.

«La figura de lavado de activos no procede en este caso. Puso en prisión a Keiko y hoy pretende liquidar al partido FP y que no participe en las elecciones del 2020 ni en el 2021», sostuvo.

Además, el fujimorista argumentó que el partido está formado por miles de militantes y que no todos están siendo investigados. «Menos aún procede la suspensión de actividades de un partido por la misma razón», aseguró.

En ese sentido, recordó las declaraciones de José Luis Lecaros, quien señaló hace unos meses que un partido político «no debería disolverse por delitos de dirigencia de su partido».

SE SUMA. El excongresista de Fuerza Popular Carlos Tubino calificó de un «exceso» que la Fiscalía busque la suspensión del partido liderado por Keiko Fujimori en su pedido para incorporar a la agrupación en las investigaciones por presuntos aportes de Odebrecht.

El integrante del Parlamento disuelto manifestó que dicho proceder del Ministerio Público «afecta directamente la vida democrática del país».

«Es un exceso que hace tremendo daño al Perú y afecta la imagen hacia el extranjero. Un partido político que es el principal de oposición que hemos tenido en el Congreso, que han cerrado. Eso solo puede suceder en los países gobernados por una dictadura», declaró a Correo.

«Ya hemos visto objeciones a la participación del 2020 y vemos que esto es para cancelar al partido. Esto es una persecución frontal contra una organización en un país que supuestamente vive en democracia», añadió.

Tubino, quien recordó el cuestionado pedido de incorporación del Partido Nacionalista en el caso de los Humala-Heredia, sostuvo que las investigaciones en las instancias judiciales deben realizarse «sin tratar de comprometer a los partidos políticos» que existen en el país.

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