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Violencia en Áncash abre debate sobre poder de regiones

La violencia desatada en el norte de Perú, sobre todo en la región Áncash, ha abierto el debate sobre el poder que han ganado los gobiernos regionales en un país que hasta hace pocos años era dominado por el férreo centralismo limeño.

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La violencia desatada en el norte de Perú, sobre todo en la región Áncash, ha abierto el debate sobre el poder que han ganado los gobiernos regionales en un país que hasta hace pocos años era dominado por el férreo centralismo limeño.
La reforma que se elaboró en 2002 para convertir a los 24 departamentos del país en 25 regiones, incluida como tal la provincia del Callao, comprendió la entrega por el Gobierno central de grandes partidas presupuestarias provenientes, en su mayoría, de los recursos del canon minero, señala una nota de la agencia Efe.

En varios casos, estos recursos no necesariamente han revertido en obras de infraestructura o desarrollo para la población, sino que han instaurado regímenes internos con mucho poder y control sobre sus regiones.

El caso más notorio en las últimas semanas es el del presidente regional de Áncash, César Álvarez, quien ocupa ese cargo desde 2006 y ha sido acusado de haber conformado una red para desprestigiar a sus opositores e incluso le vinculan con denuncias de presunta corrupción, espionaje, extorsiones y sicariato.

Ese asunto alcanzó ribetes de escándalo nacional en marzo pasado, con el asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco, un tenaz opositor a Álvarez y quien había anunciado que se iba a presentar a las elecciones de octubre próximo.

Aunque el presidente regional ha negado cualquier vinculación con el crimen, los familiares de Nolasco insisten en denunciarlo, mientras que se recordó que otros opositores al líder también murieron de manera violenta en los últimos años.

La ola de denuncias ha generado la intervención de la Fiscalía y el Gobierno central, después de que el presidente de Perú, Ollanta Humala, afirmara que la Policía Nacional tiene que encontrar y detener a los responsables de los delitos cometidos en Áncash.

Humala visitó el fin de semana pasado los comandos policiales en Chimbote y Huaraz, la capital regional, para supervisar los operativos para combatir a la delincuencia y afirmó que las autoridades resolverán «los crímenes que escandalizan el país».

El lunes, el Fiscal de la Nación, José Peláez, y la Comisión de Fiscalización del Congreso, entre otras autoridades, se comprometieron a investigar las denuncias de presunta corrupción y violencia atribuidos al presidente regional de Áncash.

Los medios locales han recordado que otras denuncias presentadas anteriormente por casos similares contra Álvarez fueron archivadas o recibieron hábeas corpus favorables al presidente regional.

Pero el Gobierno central ha confirmado que esta vez ha decidido tomarlas en serio, al punto que envió a esa región al Procurador Anticorrupción, Christian Salas, para concretar acciones que permitan garantizar que las investigaciones de la Fiscalía prosigan.

Salas anunció el jueves que ha solicitado la detención preventiva de Álvarez y seis de sus colaboradores, entre los que se encuentran periodistas y trabajadores de un local conocido como la «centralita», desde donde presuntamente se espiaba a sus opositores.

El procurador dijo que estas personas son investigadas por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir y enfatizó que «existen pruebas suficientes que vinculan a Álvarez con los delitos que son materia de investigación».

A raíz de las denuncias, Álvarez se ha declarado un «perseguido político» y asegura que no postulará a la reelección en octubre próximo para que, según dijo, no lo sigan señalando como el responsable de las muertes de sus opositores.

Áncash es considerada una de las regiones más ricas de Perú, por los grandes recursos que le reporta la minería, aunque Álvarez asegura que su gobierno tiene un gran déficit monetario que ha afectado muchas obras en su jurisdicción.

La Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios (Perucámaras) señaló que entre el 2005 y abril de 2013, esa región recibió 6.868,32 millones de soles (2.452 millones de dólares) en concepto de canon minero.

Los analistas consideran que el crecimiento económico también ha generado el incremento de la delincuencia, a lo que se suma que el puerto de Chimbote es considerado un punto estratégico para las actividades ilegales del narcotráfico.

Efe