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Aumentan penas para reprimir actos de hurto y vandalismo

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que modifica el Código Penal a fin de aumentar las penas para reprimir los actos de hurto y vandalismo que impidan o entorpezcan el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos de agua, alcantarillado, electricidad, hidrocarburos y telecomunicaciones, así como los que atentan contra fábricas y obras que afecten la seguridad común.

Los casos en que se actúe con violencia y se atente contra la integridad física o cauce grave daño a la propiedad pública o privada, la pena privativa de la libertad será no menor de seis años ni mayor de ocho. En el caso de atentados en contra de la seguridad común la pena será no menor de seis ni mayor de diez años de cárcel.

De igual forma, en los casos de hurto agravado en instalaciones de transporte, equipos o elementos de seguridad para la prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas y telecomunicaciones, el autor será reprimido con prisión no menor de cuattro ni mayor de ocho años y con penas de uno a tres años a los receptores de esos hurtos.

La iniciativa, que fue sustentada por el presidente de la comisión de Justicia y Derechos Humanos, Rolando Sousa (GPF), fue aprobada con 50 votos a favor, 26 en contra y cero abstenciones, y exonerada de segunda votación por 50 votos y tuvo 27 en contra y una abstención.

En el debate participaron los congresistas Daniel Robles (PAP), Juan Carlos Eguren (UN), Alejandro Rebaza (PAP), Aldo Estrada (UPP), Oswaldo Luízar (BPCD), Víctor Mayorga (GPN) y Mercedes Cabanillas (PAP), quienes hicieron diversos comentarios y propuestas para mejorar la propuesta.

El legislador Robles, como autor de uno de los proyectos, dijo que era necesario sancionar con mayor severidad a quienes roban cables de luz o teléfonos porque con la interrupción del servicio muchas veces ponen en peligro la vida de pacientes en los hospitales.

Tambièn aprobaron sancionar, de inmediato, los delitos cometidos por funcionarios públicos a nivel nacional

También se aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia que se allana a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que proponía la aplicación inmediata del Código Procesal Penal para sancionar los delitos cometidos por funcionarios públicos. Se indica que se ha verificado que por razones presupuestarias sería complicado, por el momento, poner en marcha la aplicación inmediata del referido Código a nivel nacional.

Por tanto, se aprobó la entrada en vigencia del Código Procesal Penal para los delitos cometidos por funcionarios públicos, en vista de que el Poder Ejecutivo observó que no era posible el “proceso inmediato” por razones presupuestales y por falta de organización, infraestructura, equipamiento y personal necesario del fuero judicial.

El dictamen de allanamiento a las observaciones del Poder Ejecutivo fue aprobado con 72 votos. Hubo dos abstenciones.