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El Congreso de la República aprobó Código de Protección y Defensa del Consumidor

El Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor, cuyo dictamen final fuera previamente sustentado por José Luna Gálvez (AN).

El Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor, cuyo dictamen final fuera previamente sustentado por José Luna Gálvez (AN), presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.

El nuevo dictamen de la importante norma fue sancionado, en primera votación, con 80 votos a favor, y se lo exoneró del requisito de segunda votación,
Previamente, la Representación Nacional desestimó la cuestión previa presentada por Rafael Yamashiro (UN) para que el proyecto fuera enviado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Tributaria. La propuesta recibió sólo 15 votos a favor, 74 lo hicieron en contra. No hubo abstenciones.

El nuevo Código
El CPDC, que entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el diario oficial El Peruano, establece las normas de protección y defensa de los consumidores, instituyendo como un principio rector de la política social y económica del Estado la protección de los derechos de los consumidores dentro del marco del artículo 65° de la Constitución Política del Perú y en un régimen de una economía social de mercado, establecido en el Capítulo I del Título III. Del Régimen Económico de ese cuerpo de leyes.

Su finalidad es que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos, y que gocen de los derechos y mecanismos efectivos para su protección; así como reducir la asimetría informativa y corregir o prevenir las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses.

De igual forma, se orienta a proteger al consumidor, se encuentre directa o indirectamente expuesto o comprendido por una relación de consumo o en una etapa preliminar a ésta; sus disposiciones se aplicarán a las relaciones de consumo que se celebren en el territorio nacional o cual sus efectos de produzcan dentro de él; y en sus alcances están comprendidas las operaciones a título gratuito cuando tengan un propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo.

El CPDC define a los consumidores o usuarios como las personas naturales o jurídicas que adquieran, utilicen o disfruten como destinatarios finales productos o servicios materiales o inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Igualmente, define a los proveedores como las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los consumidores.

En tal definición están considerados los distribuidores o comerciantes, productores o fabricantes, importadores y prestadores de servicios.
En su título preliminar, el CPDC establece que el código se sujetará a los siguientes principios: de soberanía del consumidor; pro consumidor, para que en cualquier campo de su actuación el Estado ejerza una acción tuitiva a su favor; de transparencia; de corrección de la asimetría, de buena fe, de protección mínima; pro asociativo, para que el Estado facilite la actuación de las asociaciones de consumidores o usuarios; y principio de primacía de la realidad.

También establece los derechos de los consumidores y la relación consumidor-proveedor, en el que se establecen los derechos de los consumidores, la información que deben recibir, su protección frente a la publicidad y sobre la idoneidad de los productos y servicios, entre otros.

No a cláusulas abusivas
El CPDC señala que sus disposiciones serán aplicables a todos los contratos de consumo que sean celebrados por cualquier modalidad o forma; y precisa que la oferta, promoción y publicidad, las características y funciones propias del producto o servicio y las condiciones y garantías ofrecidas obligan a los proveedores y serán exigibles por los consumidores.

También norma sobre la protección mínima del contrato de consumo, en el que se deberá constar por escrito o en algún otro tipo de soporte, en forma inequívoca, la voluntad de contratar del consumidor.
Establece que no podrán incluirse cláusulas ni ejercerse prácticas que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor; y en los casos de formularios contractuales, sus caracteres deberán ser adecuadamente legibles para los consumidores, por lo que no deberán ser inferiores a 3 mm, con una redacción fácil de comprender.

De igual forma, considera como cláusulas abusivas las que faculten al proveedor a suspender o resolver unilateralmente un contrato sin comunicación previa, o poner fin a un contrato de duración indeterminada sin un plazo de antelación razonable; o los autorice a prorrogar o renovar el contrato de forma unilateral.
También se refiere a las llamadas ‘cláusulas abusivas ineficaces’, las cuales serán inaplicadas por la autoridad administrativa, entre otros alcances.

Procesos sumarísimos
El nuevo CDC consta de 160 artículos, cuatro disposiciones complementarias finales, tres disposiciones modificatorias, una transitoria y dos disposiciones complementarias derogatorias.
Sus capítulos contienen normas referidas la información que deben recibir los consumidores; su protección frente a la publicidad; ka idoneidad de los productos y servicios; la salud y seguridad de los consumidores, tanto en lo referente a bienes y servicios como en los alimentos; los contratos, las cláusulas abusivas y los métodos comerciales abusivos, coercitivos y agresivos o engañosos.

Igualmente, define y norma los servicios públicos regulados; los productos o servicios de salud, educativos, inmobiliarios y financieros; además de los servicios de créditos que prestan empresas no supervisadas por la SBS, y establece las responsabilidades (civiles y administrativas) y las sanciones.
De otro lado, norma los procedimientos sancionador y sumarísimo de protección al consumidor; crea el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo y el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, dentro del ámbito de la PCM y presidido por el Indecopi.

Además, establece diversas formas de responsabilidad y las sanciones para cada caso; precisa los derechos de los consumidores a la reparación o reposición del producto, a una nueva ejecución del servicio, o la devolución de la contraprestación, según los casos: la devolución de lo pagado en exceso o una indemnización, etcétera.
Según los casos de incumplimiento por parte del proveedor, éste podría recibir multas que en ningún caso sería menor a una UIT.

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