Megaproyectos del sector privado en la cuenca del Huaura-Oyòn

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Para enfrentar la desaceleración de la economía de la región, hay que estimular y promover la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, algunos proyectos tienen reparos ambientales por parte de la sociedad civil. Por supuesto que nadie quiere desarrollo a cualquier precio.

Esta situación ha generado una creciente tensión social. Por un lado, organizaciones ambientalistas y organismos de control han advertido sobre los impactos negativos que tales proyectos pueden generar, como es el caso de megapuertos en Ancón, Chancay y Végueta, distritos de considerable valor turístico e histórico, junto con su potencial económico.

El reto del Gobierno Regional de Lima, empresarios y autoridades ambientales, está en lograr el equilibrio entre el crecimiento económico y el medio ambiente, con iniciativas de desarrollo sostenible, situación sumamente compleja por todo lo que está en juego.

Los pueblos de la región Lima entienden perfectamente que su patrimonio está en la biodiversidad y el mantenimiento del ecosistema. Si las consideraciones económicas y la necesidad de ‘generar empleo’ van a llevar a la destrucción del medio ambiente, a partir del desarrollo de obras de infraestructura, vendrán severos impactos sobre el entorno ambiental y enormes conflictos con las comunidades afectadas.

Si bien la región necesita para su competitividad una infraestructura adecuada, esta no se puede hacer a cualquier precio y mucho menos comprometiendo el futuro de las provincias que componen la cuenca del Huaura y de las generaciones venideras.

Por su parte, los inversionistas advierten sobre los riesgos y el impacto que en materia económica puede generarse alrededor de la negativa de las licencias ambientales, donde algunos proyectos no se ejecutarían por incumplimiento de normas o por no contar con la aprobación de las audiencias públicas de la sociedad civil.

La Empresa de Generación Eléctrica Cheves con una inversión proyectada para 2009-2011 de 170 millones de dólares, ha generado algún rechazo porque afectaría los nacimientos de agua de la cuenca, poniendo en riesgo la sostenibilidad del recurso hídrico en el ámbito del proyecto hidroeléctrico.

Lograr la armonía entre las políticas ambientales y las estrategias de crecimiento económico se está convirtiendo en una labor cada vez más compleja. Para enfrentar la crisis, el GRL requiere incentivar y acelerar el desarrollo de proyectos económicos y de infraestructura.

De otro lado, la construcción de un puerto de embarque de minerales con una inversión de 70 millones de dólares en el distrito de Végueta, es un despropósito a la luz de los últimos informes y acontecimientos sociales. No podemos atentar contra la pesca artesanal, los valores culturales ni el patrimonio arqueológico bajo el paraguas que necesitamos un desarrollo que, mirado desde otro ángulo, es posible en aquellas zonas donde no se presenten estos impactos que terminan generando más conflictos que soluciones.

La situación se torna compleja, cuando sobre la mesa hay inversiones millonarias para determinar los bolsones de petróleo y su explotación en el litoral marítimo, lo que puede generar el exterminio de las especies hidrobiológicas por la presión de sonidos mayores a 250 decibeles.

Otra inversión millonaria en ciernes es la pavimentación del tramo El Ahorcado – Sayán – Churín – Oyón – Ambo de 278 kilómetros, con una inversión aproximada de 278 millones de dólares de acuerdo con los estudios del sector Transportes y Comunicaciones, donde un kilómetro de carretera pavimentada en la zona andina tiene un costo de un millón de dólares.

También están en agenda importantes inversiones de los grupos empresariales Redondos y San Fernando, ligados a la producción avícola y porcina que han puesto especial atención en la conquista de tierras eriazas en la a zona para su crecimiento. Estos proyectos no se pueden desperdiciar en momentos de crisis donde hay que generar empleo. Pero es evidente y se entiende la preocupación que el desarrollo no puede ser a cualquier precio y que debe tenerse en cuenta los impactos que se generen en territorios próximos a ríos, lagunas y edificaciones habitacionales.

En el campo minero se calcula que este año la inversión llegue a muchos millones de dólares en los distritos de Paccho, Leoncio Prado e Ihuarí. Los yacimientos que se exploran serían ricos en oro, plata, zinc y cobre. Incluso se habla de la existencia de uranio. La minería moderna cuenta con los recursos tecnológicos para desarrollar una industria responsable y compatible con el medio ambiente, el turismo así como las actividades agrícola y pecuaria. Se debe demostrar un claro compromiso por mejorar continuamente los procesos industriales con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos naturales y cuidar el medio ambiente.

El gobierno regional de Lima debería crear– si no los tiene– modelos de desarrollo sostenible que busquen el equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación ambiental, porque la gama de colores, incluyendo al verde, es más amplia que el mundo bipolar reducido al blanco y el negro.

Otras empresas están avanzando en el diseño de operaciones en el norte chico como la Coca Cola en la zona de Peralvillo para la industria de jugos y néctares teniendo en cuenta la gran producción de duraznos que cultivan los agricultores andinos de las provincias de Huaura y Oyón. Igual está en agenda el plan piloto de acopio y embalaje de la cadena productiva y comercial de hortifruticultura en la cuenca del valle de Huaura con financiamiento del gobierno regional y la Municipalidad Provincial de Huaura.

Con la crisis financiera que viene afectando Andahuasi, asoma el grupo Wong y La Manuelita de Colombia, con el interés de consolidar su presencia en el cultivo de caña de azúcar, para lo cual estaría compitiendo con Coazúcar, empresa del grupo Gloria, uno de los conglomerados privados más grandes del país, que adquiere el 70% de la producción en la cuenca lechera de San Felipe. Y como si esto fuera poco, se proyecta constituir un centro de producción agroexportador de frutales con alta tecnología con una inversión de 45 millones de soles en una zona de 500 hectáreas en la cuenca del Huaura.
En el Banco de Proyectos de Preinversión, está en agenda la construcción de un aeropuerto internacional en Puntas Salinas con presupuesto de dos mil cien millones de dólares, la carretera interoceánica IIRSA Centro-Variante R16 con mil doscientos nueve millones de dólares, el megapuerto en la bahía Las Salinas-Huacho por seis mil millones de dólares, el corredor turístico Albufera de Medio Mundo – Caral por el importe de 150 millones de soles, para potenciar el turismo a la primera ciudad milenaria de Caral de acuerdo al plan maestro Caral 2020.
Es decir en plena crisis, se nos vienen inversionistas nacionales y extranjeras, teniendo en cuenta el crecimiento estable de la macroeconomía. Cada día llegan al Perú inversionistas para colocar sucursales o nuevas plantas, como la empresa colombiana Eduparques, creadora de Divercity, que cuenta con un Parque Temático en Bogotá, y que actualmente busca terreno apropiado en el norte chico para instalar un Parque Temático en nuestra zona con una inversión de diez millones de dólares.
Todo esto está creando una gran demanda por conquistar tierras eriazas de las comunidades campesinas y nativas. Por algo se quejan nuestros colonos y comunidades campesinas cuando no respetan sus tierras y sus recursos naturales. Que venga toda la inversión para generar empleo y desarrollo, pero cuidando el medio ambiente y respetando los valores culturales y la dignidad de los pueblos y sus habitantes.
Mientras los empresarios privados sudan la camiseta por la ejecución de grandes proyectos de inversión, el presidente del gobierno regional de Lima, ordena pintar paredes y muros del Norte Chico promocionando mini proyectos públicos en una escandalosa utilización de recursos del Estado en su campaña por la reelección.
Escribe: Néstor Roque Solís

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