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Procurador solicita investigación, por fuga de dos narcotraficantes

Solicitó que se inicie una investigación preliminar por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y encubrimiento personal

El Procurador Público Especializado en Delitos Anticorrupción, Jorge Luis Caldas, solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que inicie una investigación preliminar para determinar las responsabilidades en el caso de la fuga de los narcotraficantes Aníbal Zapata Ávalos (de nacionalidad colombiana) y Christian Motte Ramírez Gastón, quienes fueron excarcelados gracias al uso de documentos falsificados.

Caldas explicó que estos hechos irregulares están presuntamente involucrados miembros del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del 14vo. Juzgado Penal.
«La Procuraduría Anticorrupción ha solicitado una investigación preliminar por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y encubrimiento personal, en contra de las personas que resulten responsables, solicitando a la vez que se investigue y se cite al personal adscrito al mencionado juzgado, al Área de Libertades del INPE y a todo aquel presuntamente involucrado», indicó.

Es por ello que esta investigación preliminar involucra al juez César Tuya Jara, la secretaria judicial Graciela Ayestas Quicaño, la empleada del INPE Isabel Guerrero y al personal Área de Libertades del INPE.

«Es inexplicable lo que está ocurriendo, el juzgado está a pocos metros del INPE, por lo tanto, consideramos que muy fácilmente pudo haberse corroborado la autenticidad e los documentos. El personal del INPE pudo haberlo hecho en el mismo juzgado», añadió.

Sin embrago, ante una consulta de la prensa, el procurador consideró prematuro opinar sobre una supuesta responsabilidad del presidente del INPE Leonardo Caparrós. Agregó que su equipo continuará trabajando y apoyando la labor del Ministerio Público para esclarecer este caso.

Antes de retirarse de la sede de la Fiscalía Anticorrupción, Caldas consideró que la falsificación de estos documentos no es común, si no altamente especializada.

«Lo real y concreto es que a nivel judicial se ha tenido que falsificar sellos, resoluciones, firmas, (para ello) se ha debido que tener acceso al expediente para poder fraguar estos documentos, por lo tanto, debemos esclarecer este punto. Esto es algo más sofisticado, no una burda falsificación, existe algo más, la técnica empleada ha sido muy avanzada», concluyó.

NDP/MJ