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Documento para excarcelar procesados es judicial y no penitenciario, aclara Fernández

“Se han fraguado documentos judiciales, no del INPE. El dominio de la información de los procesos judiciales lo tiene el Poder Judicial y son llevados por los secretarios de los sesenta juzgados que existen en Lima. Se han fraguado documentos que corresponden al Poder Judicial“, explicó.

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, aclaró que el documento que permitió la excarcelación de dos procesados por tráfico ilícito de drogas que se encontraban recluidos en los Establecimientos Penitenciarios de Lurigancho y Miguel Castro Castro no tienen carácter penitenciario si no judicial, por lo que la responsabilidad del hecho no recae ni en funcionarios ni servidores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

«Se han fraguado documentos judiciales, no del INPE. El dominio de la información de los procesos judiciales lo tiene el Poder Judicial y son llevados por los secretarios de los sesenta juzgados que existen en Lima. Se han fraguado documentos que corresponden al Poder Judicial», explicó.

Para evitar que este tipo de situaciones se repita, Fernández propuso la creación de una Unidad Administrativa Central de la Presidencia de Corte Superior para que, en adelante, los jueces remitan los oficios de libertad de todos los juzgados y que sea ésta la que maneje la información y, a su vez, la remita formalmente al INPE, dando garantía que no existen documentos fraguados.

Explicó que el INPE tiene un registro de las personas autorizadas por los juzgados para remitir los oficios. Por ello se ha dispuesto que el mismo sistema de registros de huella dactilar, aplicado en algunos penales, se implemente en las ventanillas del INPE para la identificación de los funcionarios del Poder Judicial encargados de trasladar estos oficios.

Fernández consideró equivocada la decisión de la jueza María Martínez, encargada del Juzgado Penal 34 de Lima, de paralizar la investigación que realizaba el Ministerio Público para localizar a las personas y empresas que contrataron a Business Track interceptar las comunicaciones de Rómulo León, Alberto Quimper, entre otros.

«Es una decisión equivocada porque la jueza ha dispuesto anular un mandato con mucho tiempo de vigencia que permitía a la Fiscalía continuar recopilando información. Resulta preocupante que esa actividad de la Fiscalía, iniciada el 30 de enero, ha quedado anulada. La pregunta es: ¿por qué se anula la prueba? La propia Fiscal de la Nación informó que solo el 8% de la información se había analizado. ¿O es que acaso en ese 92% restante habría información que no se quiere conocer?», indicó.

La ministra señaló que la Fiscalía y el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones han apelado la citada resolución y expresó su confianza en que las instancias superiores reflexionarán sobre el tema y la importancia del caso.