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REMURPE condena y exige investigar a fondo tortura a comuneros piuranos en el 2005 por parte de fuerzas policiales

Tras la publicación de material gráfico en un medio de comunicación que confirma la indignante vejación a la que fueron sometidos 29 comuneros (27 varones y dos mujeres) dentro del predio de Minera Majaz.

Tras la publicación de material gráfico en un medio de comunicación que confirma la indignante vejación a la que fueron sometidos 29 comuneros (27 varones y dos mujeres) dentro del predio de Minera Majaz -hoy Río Blanco- en agosto de 2005, la Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE) expresa lo siguiente:

1.- Condenamos los métodos lesivos a la dignidad humana empleados contra comuneros de Ayabaca y Huancabamba por parte de efectivos policiales y del personal de seguridad Forza de Minera Majaz, los mismos que se tradujeron en brutales golpizas y amenazas sexuales contra las mujeres, además de producir la muerte del campesino Melanio García Gonzáles.

2.- Ya una denuncia presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, daba cuenta de otros métodos de tortura física y psicológica también empleados, como i) agresión con gas lacrimógeno y balas; ii) asfixia e impedimentos para respirar; iii) exposición prolongada al frío y humedad con vestimenta escasa; iv) privación de agua, sueño, alimento y acceso a servicios higiénicos; v) exposición masiva a insectos parasitarios; y vi) permanecer atados en posturas forzadas durante periodos prolongados, lo cual no hace si no demostrar el poco valor que para algunos individuos tiene la vida de la gente más pobre, la cual se concentra en las zonas rurales del país.

3.- Lamentamos el comportamiento del ex fiscal Lorenzo Félix Toledo Leiva, quien tras ser testigo de los hechos, guardó cómplice silencio y -lejos de acusar los repudiables actos mencionados- denunció a las víctimas de esta infamia por ejercer su legítimo derecho a la protesta contra la actividad de Minera Majaz.

4.- Exigimos una investigación a fondo y sanción a los responsables de estos deleznables actos, toda vez que hay indicios que apuntan a que existió una estrecha coordinación entre los mandos policiales y la gerencia empresarial de Minera Majaz.

5.- Asimismo, exigimos cesen los amedrentamientos contra cerca de 300 ciudadanos, entre los que se encuentran alcaldes (como los de San Ignacio, Carmen de La Frontera, Pacaipampa y Ayabaca), dirigentes sociales y miembros de ONG´s de Piura y Cajamarca, quienes por oponerse a la actividad minera lesiva al medio ambiente y las comunidades campesinas, son objeto de persecución política y judicial, hechos lamentables que no deberían darse en un país democrático.

NP