Rosa Vásquez Cuadrado nació en el Rímac, el 26 de octubre de 1962, residiendo luego en San Pedro de Huancayre. Es Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas. Trabajó como locutora de Radio Inca, entre 1981 y 2006. Fue Asesora legal del Estudio Jurídico Aldave Sotelo (su esposo) entre enero de 1994 y diciembre del 2002 y de allí hasta la fecha alcaldesa provincial de Huarochirí.
Fue militante fugaz del Partido Popular Cristiano – PPC, en el 2002 llegó a la alcaldía provincial de Huarochirí, por las filas de Unidad Nacional, luego en el 2006 fue reelecta por el Partido Siempre Unidos. En las elecciones regionales y municipales del Perú de 2010 postuló nuevamente al cargo de Alcalde de Huarochirí, por el Movimiento Concertación para el Desarrollo Regional, siendo nuevamente elegida.
El presidente Ollanta Humala encabeza el tradicional evento, que se desarrolla en la avenida Brasil y al que también acuden personalidades del Gobierno, altos mandos castrenses, autoridades religiosas, entre otros.
ÁRBITRO: Wilmar Rondón (Colombia). ESTADIO: Único de La Plata. HORA: 2 p.m.
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Chile: Miguel Pinto – Pablo Contreras o Marco Estrada, Waldo Ponce, Gonzalo Jara – Gonzalo Fierro, Estrada, Carlos Carmona, Jean Beausejour – Luis Jiménez – Esteban Paredes y Humberto Suazo. DT: Claudio Borghi.
Iniciativa legislativa eleva hasta 20 años condena por alistamiento, señalan
La Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario (Conadih) sostuvo que urge la pronta aprobación del proyecto de ley que aumenta hasta un máximo de 20 años las penas para el reclutamiento, forzoso o no, de menores de 18 años en las Fuerzas Armadas del Estado o grupos armados. El proyecto de ley N° 4613/2010-PE modifica el Código de Niños y Adolescentes, y lo adecúa al Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En su artículo 153-B, la iniciativa legislativa plantea que el funcionario o servidor público, o cualquier persona que reclute o aliste a un menor de 18 años, con o sin su consentimiento, con el fin de incorporarlos en las fuerzas del orden del Estado o de grupos armados, será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años.
Mientras que el funcionario o persona que incurriera en esta conducta, o permitiese la participación de un menor de 18 años durante el desarrollo de un conflicto armado, será sancionado con una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años de prisión.
Además, si el reclutamiento o alistamiento de menores de 18 años causara la muerte del menor o una lesión grave, la pena privativa de la libertad no será menor a 20 años.
En este contexto, la Conadih realizó recientemente en Piura la mesa de trabajo “La Protección de las Personas en el Derecho Internacional Humanitario”, con el objetivo de facilitar un espacio de intercambio técnico sobre el ámbito normativo de protección de las personas.
Asimismo, se efectuó la sesión conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, denominada “La Protección de las Personas en el Derecho Internacional Humanitario”, que se convirtió en una oportunidad de discusión sobre los principios que inspiran el Derecho Internacional Humanitario.
También debatieron sobre la protección de los niños de prácticas prohibidas como el reclutamiento y alistamiento del menor en las Fuerzas Armadas y grupos armados, así como la protección de las mujeres como personas de especial vulnerabilidad.
La mesa de trabajo “La Protección de las Personas en el Derecho Internacional Humanitario” se realizó también el 24 de febrero pasado en Ayacucho.
La Conadih es el órgano de carácter consultivo del Poder Ejecutivo encargado de canalizar el proceso de adopción e implementación de medidas nacionales de aplicación y observancia del Derecho Internacional Humanitario.
Este grupo de trabajo está integrado por cinco miembros plenos, todos del Poder Ejecutivo: Ministerios de Justicia, de Relaciones Exteriores, de Defensa, del Interior y de Educación; y por cuatro miembros observadores permanentes: Defensoría del Pueblo, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Comité Internacional de la Cruz Roja y Congreso de la República.
El criticado y cuestionado, alcalde de Huaral Jaime Uribe, se quedó “mudo” y “palideció” ante las insistentes preguntas de los medios de comunicación de Huacho, al consultarle sobre su presencia en la Corte Superior de Justicia de Huaura, a lo que solo atinó a decir ” vengo por un juicio”. El temor era que había gran cantidad de gente, arengando con palabras como: “Corrupto, delincuente, te robas la plata y dejas de hambre a tu pueblo, “muchos se imaginaron que era contra el alcalde, que pasó el susto de su vida, al llegar a referido Corte de Huaura”. Y es que se trataba de los pobladores de Andahuasi que reclamaban a los “jueces” anulen la medida cautelar en la recuperación de la azucarera… ¡Plop!..
Para enfrentar la desaceleración de la economía de la región, hay que estimular y promover la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, algunos proyectos tienen reparos ambientales por parte de la sociedad civil. Por supuesto que nadie quiere desarrollo a cualquier precio.
Esta situación ha generado una creciente tensión social. Por un lado, organizaciones ambientalistas y organismos de control han advertido sobre los impactos negativos que tales proyectos pueden generar, como es el caso de megapuertos en Ancón, Chancay y Végueta, distritos de considerable valor turístico e histórico, junto con su potencial económico.
El reto del Gobierno Regional de Lima, empresarios y autoridades ambientales, está en lograr el equilibrio entre el crecimiento económico y el medio ambiente, con iniciativas de desarrollo sostenible, situación sumamente compleja por todo lo que está en juego.
Los pueblos de la región Lima entienden perfectamente que su patrimonio está en la biodiversidad y el mantenimiento del ecosistema. Si las consideraciones económicas y la necesidad de ‘generar empleo’ van a llevar a la destrucción del medio ambiente, a partir del desarrollo de obras de infraestructura, vendrán severos impactos sobre el entorno ambiental y enormes conflictos con las comunidades afectadas.
Si bien la región necesita para su competitividad una infraestructura adecuada, esta no se puede hacer a cualquier precio y mucho menos comprometiendo el futuro de las provincias que componen la cuenca del Huaura y de las generaciones venideras.
Por su parte, los inversionistas advierten sobre los riesgos y el impacto que en materia económica puede generarse alrededor de la negativa de las licencias ambientales, donde algunos proyectos no se ejecutarían por incumplimiento de normas o por no contar con la aprobación de las audiencias públicas de la sociedad civil.
La Empresa de Generación Eléctrica Cheves con una inversión proyectada para 2009-2011 de 170 millones de dólares, ha generado algún rechazo porque afectaría los nacimientos de agua de la cuenca, poniendo en riesgo la sostenibilidad del recurso hídrico en el ámbito del proyecto hidroeléctrico.
Lograr la armonía entre las políticas ambientales y las estrategias de crecimiento económico se está convirtiendo en una labor cada vez más compleja. Para enfrentar la crisis, el GRL requiere incentivar y acelerar el desarrollo de proyectos económicos y de infraestructura.
De otro lado, la construcción de un puerto de embarque de minerales con una inversión de 70 millones de dólares en el distrito de Végueta, es un despropósito a la luz de los últimos informes y acontecimientos sociales. No podemos atentar contra la pesca artesanal, los valores culturales ni el patrimonio arqueológico bajo el paraguas que necesitamos un desarrollo que, mirado desde otro ángulo, es posible en aquellas zonas donde no se presenten estos impactos que terminan generando más conflictos que soluciones.
La situación se torna compleja, cuando sobre la mesa hay inversiones millonarias para determinar los bolsones de petróleo y su explotación en el litoral marítimo, lo que puede generar el exterminio de las especies hidrobiológicas por la presión de sonidos mayores a 250 decibeles.
Otra inversión millonaria en ciernes es la pavimentación del tramo El Ahorcado – Sayán – Churín – Oyón – Ambo de 278 kilómetros, con una inversión aproximada de 278 millones de dólares de acuerdo con los estudios del sector Transportes y Comunicaciones, donde un kilómetro de carretera pavimentada en la zona andina tiene un costo de un millón de dólares.
También están en agenda importantes inversiones de los grupos empresariales Redondos y San Fernando, ligados a la producción avícola y porcina que han puesto especial atención en la conquista de tierras eriazas en la a zona para su crecimiento. Estos proyectos no se pueden desperdiciar en momentos de crisis donde hay que generar empleo. Pero es evidente y se entiende la preocupación que el desarrollo no puede ser a cualquier precio y que debe tenerse en cuenta los impactos que se generen en territorios próximos a ríos, lagunas y edificaciones habitacionales.
En el campo minero se calcula que este año la inversión llegue a muchos millones de dólares en los distritos de Paccho, Leoncio Prado e Ihuarí. Los yacimientos que se exploran serían ricos en oro, plata, zinc y cobre. Incluso se habla de la existencia de uranio. La minería moderna cuenta con los recursos tecnológicos para desarrollar una industria responsable y compatible con el medio ambiente, el turismo así como las actividades agrícola y pecuaria. Se debe demostrar un claro compromiso por mejorar continuamente los procesos industriales con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos naturales y cuidar el medio ambiente.
El gobierno regional de Lima debería crear– si no los tiene– modelos de desarrollo sostenible que busquen el equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación ambiental, porque la gama de colores, incluyendo al verde, es más amplia que el mundo bipolar reducido al blanco y el negro.
Otras empresas están avanzando en el diseño de operaciones en el norte chico como la Coca Cola en la zona de Peralvillo para la industria de jugos y néctares teniendo en cuenta la gran producción de duraznos que cultivan los agricultores andinos de las provincias de Huaura y Oyón. Igual está en agenda el plan piloto de acopio y embalaje de la cadena productiva y comercial de hortifruticultura en la cuenca del valle de Huaura con financiamiento del gobierno regional y la Municipalidad Provincial de Huaura.
Con la crisis financiera que viene afectando Andahuasi, asoma el grupo Wong y La Manuelita de Colombia, con el interés de consolidar su presencia en el cultivo de caña de azúcar, para lo cual estaría compitiendo con Coazúcar, empresa del grupo Gloria, uno de los conglomerados privados más grandes del país, que adquiere el 70% de la producción en la cuenca lechera de San Felipe. Y como si esto fuera poco, se proyecta constituir un centro de producción agroexportador de frutales con alta tecnología con una inversión de 45 millones de soles en una zona de 500 hectáreas en la cuenca del Huaura. En el Banco de Proyectos de Preinversión, está en agenda la construcción de un aeropuerto internacional en Puntas Salinas con presupuesto de dos mil cien millones de dólares, la carretera interoceánica IIRSA Centro-Variante R16 con mil doscientos nueve millones de dólares, el megapuerto en la bahía Las Salinas-Huacho por seis mil millones de dólares, el corredor turístico Albufera de Medio Mundo – Caral por el importe de 150 millones de soles, para potenciar el turismo a la primera ciudad milenaria de Caral de acuerdo al plan maestro Caral 2020. Es decir en plena crisis, se nos vienen inversionistas nacionales y extranjeras, teniendo en cuenta el crecimiento estable de la macroeconomía. Cada día llegan al Perú inversionistas para colocar sucursales o nuevas plantas, como la empresa colombiana Eduparques, creadora de Divercity, que cuenta con un Parque Temático en Bogotá, y que actualmente busca terreno apropiado en el norte chico para instalar un Parque Temático en nuestra zona con una inversión de diez millones de dólares. Todo esto está creando una gran demanda por conquistar tierras eriazas de las comunidades campesinas y nativas. Por algo se quejan nuestros colonos y comunidades campesinas cuando no respetan sus tierras y sus recursos naturales. Que venga toda la inversión para generar empleo y desarrollo, pero cuidando el medio ambiente y respetando los valores culturales y la dignidad de los pueblos y sus habitantes. Mientras los empresarios privados sudan la camiseta por la ejecución de grandes proyectos de inversión, el presidente del gobierno regional de Lima, ordena pintar paredes y muros del Norte Chico promocionando mini proyectos públicos en una escandalosa utilización de recursos del Estado en su campaña por la reelección. Escribe: Néstor Roque Solís
El viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, reveló que en el penal Cambio Puente de Chimbote hay más sentenciados que procesados, saludando así la acción rápida en los procesos judiciales por parte de la Corte del Distrito Judicial del Santa.
Según las últimas estadísticas, el penal de Chimbote cuenta con una población penal de 816 internos, de los cuales 470 fueron sentenciados y 346 están siendo procesados, dijo Reyna.
“Se trata de un caso único en nuestro país, pues la situación en otros penales es diferente, donde hay mayor cantidad de procesados que sentenciados y que, sin duda, las cifras hablan muy bien de la labor que se viene realizando el distrito judicial de la Corte del Santa”, añadió.
La mayor incidencia de delitos en este penal son robo agravado con 311 internos, seguido por tráfico ilícito de drogas con 132, violación 130, hurto agravado 57, homicidios 57, tenencia ilegal de armas 26, actos contra el pudor 16, lesiones graves 9, extorsión 9, secuestro 8, omisión en asistencia familiar 8, terrorismo 1 y otros 52, haciendo un total de 816 internos.
El penal de Cambio Puente tiene una población de 780 internos varones y 36 mujeres, cuyos grados de instrucción reflejan que 318 internos cuentan con estudios secundarios incompletos y sólo 187 con secundaria completa, 131 con sólo primaria completa, 120 con primaria incompleta, 22 con estudios superiores incompletos, 16 con superior completa y 22 internos analfabetos.
De otro lado, el viceministro de Justicia señaló que la mayor población penal de internos está compuesta por 183 jóvenes entre 21 y 25 años de edad, seguido por 155 entre 26 y 30 años, 139 entre 31 y 35, 105 entre 36 y 40 años.
Añadió que existe un número de 75 internos entre 41 y 45 años; otros 54 internos entre 19 y 20, seguido de 49 internos entre 46 y 50 años, 23 de 51 y 55; otros 16 entre 56 y 60 y finalmente, 17 entre 61 años a más.
Reyna visitó Nuevo Chimbote, donde inauguró un centro de Asistencia Legal Gratuita y un módulo de defensoría legal gratuita, que contribuirá a que los internos puedan absolver sus consultas en forma permanente.
El Fiscal Titular de la 57 Fiscalía Provincial Penal de Lima, Jorge Enrique Sanz Quiroz, solicitó al 16 Juzgado Penal de Lima se dicte mandato de detención e impedimento de salida del país sobre el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga Seoane, y otros denunciados en razón a la naturaleza agravada de los ilícitos denunciados.
Asimismo, mediante la ampliación de denuncia presentada ante el poder Judicial, se solicitó al juez se establezca en forma solidaria, una garantía de hasta por diez millones de nuevos soles a efectos de asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado.
El representante del Ministerio Público señaló que su Despacho ha cumplido con practicar el debido proceso y formalizar la denuncia penal de acuerdo a ley, en concordancia con el resultado de las investigaciones a nivel policial plasmadas en los atestados 761-08-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D3 y 1146-08-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D3; por lo que, espera se aperture la instrucción para proceder al acopio de más medios de prueba y continuar con las investigaciones a nivel judicial.
DILACIÓN EXCESIVA
De otro lado, el Fiscal Provincial Jorge Sanz, afirmó que “existe una dilación excesiva en la tramitación del proceso que favorece abiertamente a los denunciados”.
Sanz Quiroz señaló que, ante la conducta mostrada por los jueces que ha provocado el retardo en la apertura de la instrucción, evalúa la posibilidad de recurrir ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
“En enero presentamos la denuncia correspondiente y ya han pasado tres meses y no se dicta el auto apertorio de instrucción, pese a que la Fiscalía ha cumplido con todos los requerimientos establecidos por ley”, enfatizó.
El magistrado señaló que con lo expuesto en la denuncia presentada el pasado 06 de enero, con lo agregado en la primera ampliación de la denuncia de fecha 02 de marzo y con lo fundamentado en la segunda ampliación de denuncia remitida en la fecha al Poder Judicial, no deberían existir más dilaciones innecesarias en este caso.
ANTECEDENTES
Como se recuerda, el pasado 02 de marzo, el Fiscal Jorge Sanz Quiroz, insistió con su denuncia penal contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y otros en agravio del Estado; precisando el grado de participación de los denunciados y los ilícitos penales presuntamente cometidos.
Según la denuncia de fecha 06 de enero de 2009, Manuel Burga fue denunciado en calidad de autor mediato de los Delitos contra la Fe Pública en la modalidad de Uso de Documento Falsificado, y Contra la Administración Pública, en la modalidad de Inducción a Error a Funcionario Público; asimismo, en calidad de autor de los Delitos de Peculado Impropio y Asociación Ilícita para Delinquir.
Según las investigaciones, al actual presidente de la FPF se le imputa haberse apropiado indebidamente y no haber entregado hasta la fecha al Fondo Pro Deporte Escolar, la suma de 300 mil dólares americanos, según lo establece la Ley 28036, respecto al contrato suscrito con dos canales de televisión por la cesión de derechos para la transmisión de las eliminatorias de fútbol Sudáfrica 2010.
La denuncia penal incluye también, por los mismos ilícitos penales, a Enrique Alejandro Pacheco Farromeque, por haber realizado las funciones de Director del Instituto Superior Tecnológico “Alfonso Huapaya Cabrera” sin tener designación legal que le pertenecía a su padre Enrique Pacheco Velarde; y por haber expedido Diplomas y firmado documentación que era enviada al Ministerio de Educación para que otorgue Títulos a Nombre de la Nación. Ministerio Público
Rosa Vásquez Cuadrado nació en el Rímac, el 26 de octubre de 1962, residiendo luego en San Pedro de Huancayre. Es Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas. Trabajó como locutora de Radio Inca, entre 1981 y 2006. Fue Asesora legal del Estudio Jurídico Aldave Sotelo (su esposo) entre enero de 1994 y diciembre del 2002 y de allí hasta la fecha alcaldesa provincial de Huarochirí.
