La votación en las elecciones generales del 10 de Abril de 2001, empieza a las 8:00 de la mañana y culmina a las 4:00 de la tarde. MULTA POR NO VOTAR La Ley N.º 28859, establece multas diferenciadas según niveles de pobreza por distritos: Distrito no pobre S/. 72.00 Distrito pobre no extremo S/. 36.00 Distrito pobre extremo S/. 18.00
La asociación civil Transparencia consideró positivo que se plantee la posibilidad de eliminar las multas y sanciones que se aplican a los ciudadanos que no concurran a votar en los próximos procesos electorales, y desestimó que ello genere ausentismo en las votaciones.
“Me parece positivo que se eliminen las multas”, comentó a Andina el secretario técnico de Transparencia, Percy Medina, al ser consultado por la anunciada iniciativa legislativa que en los primeros días de agosto presentará el congresista aprista José Vargas.
Calificó esta propuesta de un primer paso importante a favor de los derechos ciudadanos y por el establecimiento del voto facultativo en el país.
Medina también expresó su confianza en que la eliminación de multa no generará ausentismo en los procesos electorales y resaltó que deben ser los organismos electorales lo encargados, a través de campañas educativas, de destacar la importancia de acudir a votar.
El congresista aprista José Vargas anunció hoy que presentará una iniciativa legislativa que propone eliminar las multas y sanciones a los ciudadanos que no acudan a votar. Comentó que esta era una alternativa a la propuesta de reforma constitucional que propone la eliminación del voto obligatorio.
En agosto de 2006, el Gobierno promulgó una ley aprobada por el Congreso de la República que eliminaba las restricciones civiles, comerciales administrativas y judiciales, y reducía las multas a favor de lo ciudadanos omisos al sufragio.
En dicha norma se establecían multas por omisión de sufragio según niveles de pobreza que variaban desde el 1 por ciento de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) hasta el 5 por ciento de la misma.
La aplicación de sanciones más específicas a los candidatos que omiten información sobre los fondos de su campaña electoral, planteó hoy el gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Alfonso Chan León.
Agregó que las sanciones deben ser más precisas porque el reciente informe del organismo electoral revela que solo siete, de las doce listas que postulan a la alcaldía de Lima, presentaron parcialmente el primer informe financiero de aportes y gastos de campaña.
“Hay una omisión de parte de los candidatos en informar oportuna y claramente. Es un punto que hemos recogido y hemos planteado en propuestas al Congreso para incluir sanciones más específicas”, expresó.
Recordó que entre esos planteamientos, figura la modificación a la Ley de Partidos Políticos para establecer sanciones graduales a aquellas agrupaciones que no cumplan con presentar su información financiera.
El funcionario explicó que en los informes realizados entre los años 2006, 2007 y 2008, refiere que varias agrupaciones desconocen y carecen de un sistema de control interno para la administración de las finanzas partidarias.
Chan precisó que el artículo 34 de la Ley de Partidos Políticos establece que todas las agrupaciones, sin excepción, deben adoptar un sistema de control interno de los recursos que ingresan y egresan.
En declaraciones a RPP Noticias, refirió que esta situación se da principalmente porque los partidos no han implementado una estructura adecuada o carecen del personal técnico adecuado para desarrollar esa labor.
Ante la falta de un procedimiento que asegure una correcta y adecuada contabilidad y registro de los ingresos y egresos de los recursos, manifestó que eso impide una adecuada fiscalización a la información económica de las organizaciones políticas.
En la actual campaña para las Elecciones Regionales y Municipales 2010, mencionó que los grupos Acción Popular, Todos por el Perú, Somos Perú, Partido Humanista Peruano, Partido Popular Cristiano, Restauración Nacional y Siempre Unidos, cumplieron con el plazo.
El Partido Aprista Peruano y Alianza para el Progreso indicaron no haber recibido aportes ni haber efectuado gasto alguno hasta la fecha respecto a la campaña electoral de sus candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana y a los distintos distritos.
El ministro del Ambiente, Antonio Brack, señaló que su despacho evalúa las acciones legales que se tomarán contra los responsables de la contaminación con relave del río Opamayo, en Huancavelica, tras la rotura de una represa de propiedad de la empresa minera Caudalosa Chica.
“Hay que aplicar el artículo 13 del Código Penal que entró en vigencia el 01 de enero del año pasado”, precisó el ministro a CPN Noticias luego de recordar que contempla hasta pena de cárcel para estos casos.
Explicó que el tema será tratado en el Consejo de Ministros para determinar las acciones que tomarán en conjunto con los ministerios de Salud y de Energía y Minas.
Asimismo, recordó que Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) ya multó en una ocasión a la empresa Caudalosa Chica, lo cual agravaría su situación.
Limpian el cauce
El ministro Antonio Brack explicó que las autoridades intervinieron inmediatamente y hay alrededor de 700 personas limpiando el cauce del Opamayo, pero será inevitable la contaminación de gran parte los ríos que van hacia la cuenca del río Ucayali.
“Se ha tomando muestras del agua y relaves que han caído, lo cual es competencia del Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental y OSINERGMING para evaluar el tema del nivel de contaminación”, precisó.
Tras reconocer que en lugares alejados hay cierto descuido en el control y evaluación continua, indicó que es importante que las comunidades locales formen comités de vigilancias para ver cómo están funcionando las cosas en este tema y alertar a las autoridades.
El río Opamayo, que desemboca en la localidad de Lircay, capital de la provincia huancavelicana de Angaraes, fue contaminado con 21 mil 420 metros cúbicos de relave tras el colapso de un dique con dicho producto tóxico, afectando a especies hidrobiológicas, así como al ganado.
El presidente regional de Lima Provincias, Nelson Chui, señaló que la explosión ocurrida en una mina de carbón en Oyón, el pasado martes 2 de febrero se debió a la informalidad con la que se trabajaba.
A través de “Diálogo Directo”, lamentó la muerte de ocho mineros que trabajaban en la mina, uno de ellos menor de edad, y aseguró que se aplicará la sanción correspondiente por no tener los permisos de funcionamiento.
Así mismo, informó que la fiscalía formulará una denuncia penal contra la minera “por razones propias de su función”.
Sostuvo que en Lima Provincias existen seis mil mineros informales, y que el gobierno sólo ha transferido recursos para dos inspectores, lo cual dijo es insuficiente.
Por su parte, el alcalde de la provincia de Oyón, Manuel Delgado, señaló que la explosión se habría producido por los gases que se generan en las minas de carbón y que los trabajadores deben haber producido una chispa y eso ha dado lugar a la explosión falleciendo instantáneamente.
Del mismo modo, el Ministerio de Energía y Minas dispuso hoy el cierre de la mina, tras el pedido de la población que la acusa de contaminar la zona.
Cabe indicar que además de los ocho mineros fallecidos, diez más están siendo atendidos por fuertes cuadros de intoxicación, debido a las emanaciones de gas.
La mina se ubica en el sector Gasuna, cerca al kilómetro 100 de la carretera que une a Oyón con la provincia de Cajatambo, en la sierra de Lima.