Personas con recursos deberán pagar por asesoría legal de defensores públicos, anuncia ministro Jiménez
Las personas con recursos económicos, entre ellas muchas acusadas de delitos de corrupción, deberán pagar por los servicios de asesoría legal que brindan los defensores públicos a quienes no cuentan con un abogado, anunció el flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor.
“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos va a comenzar a cobrar en los casos de personas que, por maniobras judiciales, quieren que el Estado los defienda (…) La línea de trabajo de defensa de víctimas la vamos a implementar”, explicó.
Fue al asumir oficialmente el cargo al que juramentó en la víspera, ceremonia en la que ofreció también mantener las políticas anticorrupción y de promoción de derechos humanos impulsadas por este sector.
Jiménez Mayor, abogado con maestría en Derecho Constitucional, recibió el cargo de manos del saliente extitular de este portafolio, Francisco Eguiguren Praeli, quien, en sus palabras de despedida, destacó el cambio de nombre del sector, la creación del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, y la reingeniería de la Procuraduría Anticorrupción.
Juan Jiménez Mayor felicitó la gestión de su antecesor y subrayó que se buscará que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se convierta en el órgano rector que establezca los grandes lineamientos sobre la materia.
“Buscaremos establecer una suerte de Superintendencia o Contraloría en Derechos Humanos y que en el país podamos tener un sistema de protección coherente, y que dignifique al ser humano”, expresó.
Al saludar el relanzamiento de la Procuraduría Anticorrupción como una de las importantes medidas adoptadas por Francisco Eguiguren, el ministro Jiménez Mayor señaló que se está desarrollando el proceso de designación de procuradores en el interior del país.
“Este replanteamiento vincula una nueva forma de litigio en el país, para que los procuradores incorporen dentro de sus funciones una estrategia inteligente de defensa del Estado (…) Esto plantea una urgente reforma del Sistema de Defensa Jurídica del Estado”, dijo.
Lamentó que, en los últimos tres años, sólo se hayan recuperado 29 millones de nuevos soles, por concepto de reparación civil, y que el 50% de ese monto provenga de las procuradurías públicas especializadas en delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio, y de Corrupción.
El doctor Juan Jiménez Mayor juramentó anoche como nuevo Ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo del doctor Francisco Eguiguren Praeli, de quien fue su vice ministro.
Fue también vice ministro de Justicia durante el Gobierno de Transición en el 2001, siendo condecorado con la Orden del Servicio Civil del Estado en el Grado de Comendador, por el señor Presidente de la República, Valentín Paniagua Corazao por sus servicios prestados a la Nación como Viceministro de Justicia, en donde se estructuró la estrategia de lucha contra la corrupción.
Juan Federico Jiménez Mayor nació en Lima, en 1964. Es abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de Maestría en Derecho Constitucional. Es profesor en su alma mater desde 1994, en los cursos de Investigación Jurídica, Derecho Constitucional y Gestión Pública y Administración de Justicia.
Es experto en temas de justicia, ha trabajado en importantes proyectos de reforma y modernización judicial, dos de los cuales fueron la instauración del sistema de tasas judiciales en la República del Ecuador (proyecto implantado) y el reciente Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia de la Comisión Especial para Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) para el Perú.
Asimismo, fue el Experto Principal para la elaboración del Plan Justicia de Nicaragua, proyecto encaminado a planificar la reforma judicial del sector justicia de ese país centroamericano (2006). Ha formulado el Programa de Seguridad y Justicia para Guatemala para la Unión Europea por 22.5 millones de euros (2010).
Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, entidad que agrupa a los principales constitucionalistas del Perú. También miembro del grupo de expertos en justicia convocado por la Comisión de Justicia del Congreso de la República, Presidente de la Comisión de Estudio de Reforma del Sistema de Administración de Justicia del Colegio de Abogados y directivo en el 2009 de esa institución fundada en 1804.
Ha sido asesor principal de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos para las elecciones generales en la República de Guatemala (2007) y Paraguay (2008).
El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, pidió hoy que se investigue a las personas que están agitando a la población de Cañete para que bloquee la Panamericana Sur y pidió que los manifestantes recapaciten y deslinden con quienes cometen actos vandálicos.
Subrayó que en esa provincia no se va construir un nuevo penal, sino que se mejorará el ya existente, por lo que no hay razón para realizar una protesta en ese sentido.
“Es irrazonable protestar por una obra de ese tipo, que quiere mejorar las condiciones de dignidad de los internos y que no le afecta en nada a la población, porque es un penal (de Cañete) que ya existe y con población que ya esta ahí”, afirmó.
Como se recuerda, parte de la población de Cañete, al sur de Lima, inició esta semana una protesta contra una supuesta construcción de un nuevo penal, pero el Ministerio de Justicia aclaró que sólo se trataba de dos nuevos pabellones.
“Ojalá que la población recapacite y se dé cuenta que es legítima la protesta y expresar las ideas, pero eso no puede confundirse con actos de vandalismo y delincuencia que no pueden ser tolerados, más aún respecto a un gobierno y autoridades que han estado conversando”, aseguró.
En ese sentido, pidió una investigación respecto a aquellas personas que están agitando a la población a cometer “posturas extremas” y a qué intereses responden quiénes lo hacen.
“La población debe entender que no se va a construir un nuevo penal, que nosotros no lo habíamos propuesto, aunque es necesario. Lo que se quiere es mejorar el actual penal para que los internos tengan mejores condiciones”, refirió.
Asimismo, anunció que la obra de ampliación de los dos pabellones “no se iniciará” hasta que exista un clima “de acuerdo” con la población y las autoridades de la ciudad sureña.
“Invoco a las población y a las autoridades que actúen con prudencia y reflexión, pero sin violencia por que esta no es la manera de expresar sus puntos de vista con desmanes y delincuencia”, indicó en RPP.
Eguiguren recordó que en el actual penal de Cañete los internos viven en condiciones precarias e inhumanas, debido a que fue construido para albergar a 800 personas y que, en la actualidad, recibe a más de 3 mil.
“Lo que se planteó fue la construcción de 2 pabellones y de unos talleres de capacitación, para mejorar un poco la condición de hacinamiento con el compromiso de no llevar ningún interno a este penal”, manifestó.
Por su parte, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, señaló que el acuerdo con las autoridades cañetanas es que no hayan más de 3 mil 200 internos en el penal de esta ciudad.
Cansados de ser víctimas constante de la delincuencia, pobladores del asentamiento humano “Contigo Perú” amenazaron tomar acciones para hacerse justicia con sus propias manos si las autoridades no toman cartas en el asunto y resuelven castigar a conocidos delincuentes de la zona quienes fueron identificados por los agraviados.
Atanasio García paredes presidente del poblado dijo que ante el olvido e indiferencia a los problemas de inseguridad crónica que vienen padeciendo, responsabilizó a las autoridades policiales y del ministerio público de ser los causantes que la población decida hacer justicia por su propia cuenta.
Informó, que en asamblea general realizada el último jueves, la población decidió acordar como medida para reprimir la delincuencia, que los bandoleros que sean sorprendidos violentando a familias inocentes del lugar, serán linchados y quemados vivos, por las rondas vecinales.
Indicó, que la delincuencia viene causando zozobra de forma continua en la zona rural ubicada al sur del distrito de Huaral, a tal punto que hasta él mismo, ha sido victima de amenazas de muerte por delincuentes, plenamente reconocidos e identificados y que pese a ser denunciados y capturados por la policía, la fiscalía los dejan libres.
Incluso, dijo que humildes comerciantes y agricultores han sido presa fácil de la gavilla de facinerosos que actúa con absoluta impunidad, resultando más de un poblador sufrió herida de bala e incluso hubo victimas mortales, hecho que ha colmado la paciencia de la población, alertó el dirigente.
El expresidente de CLAE acudió al Poder Judicial luego que se ordenara su captura por estafar a 60 personas. Sin embargo él niega los cargos
“Vengo a ponerme a derecho como exige a la ley”, declaró Carlos Manrique Carreño, que en esta ocasión es acusado estafar por tercera vez, por lo que deberá cumplir una condena de 5 años que dictó la justicia.
Ante esto, Manrique negó haber estafado nuevamente y se mostró confiado en la justicia. “No hay cargos, no es suspensión de una libertad”, aclaró. Además, expresó que su defensa legal plantea presentar en cinco meses su libertad por enfermedad y por avanzada edad, informó el programa 90 segundos.
Cabe recordar, que éste fue el director de CLAE en la década de los 90’s, la financiera que estafó a cerca de 250 mil peruanos, con el método de la pirámide, pagando enormes intereses a los aportantes antiguos con el dinero de los nuevos, sin ningún tipo de encaje legal, por lo que el Estado tuvo que intervenir.
Fuente: Peru.com
1:26 pm | Escrito en
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El en local comunal de Puñún, del distrito de Checras de la provincia de Huaura, se desarrolló las conferencias del Programa “Justicia en tu Comunidad” a cargo de magistrados y personal jurisdiccional de la Corte de Huaura, dirigida a los Jueces de Paz, estudiantes, autoridades ediles y comunidad en general.
El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Checras, Héctor Oswaldo Pizarro Medina y regidores, recibieron al Equipo Técnico Operativo a cargo del Dr. Osman Sandoval Quezada, Juez Coordinador del proyecto del programa de proyección social a la comunidad del Poder Judicial.
Los temas que se difundieron entre los asistentes en el pueblo de Puñún el 15 de julio 2011 fueron relacionados a “Derechos y Deberes de Litigantes” a cargo de la abogada Maribel Janet Sipán López de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura y “Violencia Familiar” por intermedio del Asistente de la Sala Mixta abogado Max Yulino Melgarejo López.
El distrito de Checras, cuya capital es Maray, tiene una población de 1,492 habitantes y se encuentra ubicado a 3,743 metros sobre el nivel del mar.
LITIGANTE, es la persona (ciudadano) que acude al Poder Judicial en busca de tutela jurisdiccional efectiva, en materia civil, materia constitucional, materia laboral, derecho de familia, materia penal, etc.
VIOLENCIA FAMILIAR, acciones dirigidas a dominar, someter a otros integrantes del grupo familiar. Violencia: es el empleo de la “fuerza” o “amenaza”, en diversos ámbitos.
Es una conducta aprendida en el contexto familiar, social, escolar, político y económico.
Ley Nº 26260 – Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar: “cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual, que se produzca entre: Cónyuges, Ex cónyuges, Convivientes, Ex convivientes, Ascendientes, Descendientes: Parientes colaterales, Habitan en el mismo hogar, Hayan procreado hijos en común.
7:08 pm | Escrito en
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Gracias al Convenio de colaboración Interinstitucional suscrito en marzo pasado entre el Ministerio de Justicia y el Centro Ann Sullivan del Perú, cuatro jóvenes con síndrome de down y deficiencias cognitivas lograron insertarse al mercado laboral.
Se trata de Pamela Jimena Sotomayor Chuquiure (27 años), María Fe Gonzales Orellana (38), Andrés Terry Cueva (26) y Milagros Gutiérrez Flores (29) quienes desde el 16 de mayo laboran en el Minjus en los turnos mañana y tarde.
Esta iniciativa surgió de la Alta Dirección del Minjus, en su interés por apoyar acciones sociales que favorezcan la inclusión de personas con habilidades especiales en el sector laboral. El programa piloto tendrá un año de duración.
Cabe destacar que estos cuatro jóvenes han sido previamente capacitados durante un mes en el desarrollo de las actividades administrativas dentro el Minjus.
De este modo, Pamela Sotomayor, trabaja en la Oficina de Administración Documentaria, donde descarga electrónicamente guías de recepción de documentos, los que luego entrega a las distintas oficinas del Minjus. “Mis compañeros me tratan bien. Algunos trabajadores me dieron un especial recibimiento. Estoy contenta y me divierto mucho en lo que hago”, expresó.
Mientras que María Fe presta servicios en el Centro de Documentación (CENDOC) donde realiza procesos complementarios (fotocopias, etiquetado y forrado de libros), y también apoya en el inventario manual para luego ingresarlo al sistema. Ella es muy amable con las personas que visitan el CENDOC, a los que al retirarse les da mensajes positivos como “Que tenga buen día” o “Que Dios lo bendiga”.
Andrés Terry y Milagros Gutiérrez fueron asignados a la Oficina de Recepción, y tienen como labor principal acompañar a las personas que vienen a las diferentes oficinas del Minjus.
Pero no todo gira en torno al trabajo, ya que saben aprovechar muy bien su tiempo libre. Pamela es campeona nacional de marinera, título que conquistó este año en Trujillo, mientras que Andrés logró el primer puesto en Lima y además la medalla de oro en el Campeonato Regional de Natación, estilo espalda.
Ellos son permanente monitoreados y guiados por los coach Esther Mamani y Liliana Alarcón, que los asisten como parte del Programa ‘Empleo con apoyo’ de Ann Sullivan, y cuya meta es lograr que sean totalmente independientes.
La población de Huacho recibirá a partir de la fecha, asesoría legal gratuita en filiación, patria potestad, rectificación de partidas, entre otros, gracias a los servicios que brinda la Defensoría Pública y el Consultorio Jurídico Popular en la sede denominada “Casa de la Justicia” ubicada en la avenida Túpac Amaru 267, Huacho, e inaugurada este mediodía por la Ministra de Justicia, Rosario Fernández Figueroa.
A la ceremonia de inauguración de la Casa de la Justicia de Huacho asistieron diversas personalidades y autoridades como nuestro Gerente General Regional, Dr. Luis Enrique Fernández Estrella, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, Dr. Luis Vásquez Silva. y el Regidor Provincial de Huaura, Dr. Roque Sánchez Díaz.
2:32 pm | Escrito en
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El Gerente General del Poder Judicial, Mg. Mario Edgar Huerta Rodríguez con el Rector de la Universidad Dr. Luis Claudio Cervantes Liñan firmaron el respectivo convenio.
El Gerente General del Poder Judicial llego acompañado del Gerente de Administración y Finanzas del PJ. Por su parte el rector estuvo acompañado de varios décanos de la universidad.
El objetivo del convenio es coadyuvar al mejoramiento de la administración de justicia elevando la calidad académica y el nivel profesional de los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Cañete, así como de sus familiares directos (cónyuge e hijos), a través de cursos de Capacitación, Diplomados, Maestrías, Doctorados, estudios de idiomas, estudios de pre – grado, talleres, congresos y seminarios etc.
La ceremonia se realizo al promediar el medio día del lunes 28 de febrero.
Actualidad Canetana
El ex viceministro de Justicia, Gerardo Castro Rojas, fue recluido en el penal para reos primarios, ex San Jorge, por presuntamente haber sobornado a un funcionario del Ministerio de la Producción para ampliar una autorización de pesca de anchoveta.
Asimismo fue recluida en el penal para mujeres de Chorrillos, ex Santa Mónica, Adriana Pérez, quien sería el contacto con la cual los propietarios de empresas pesqueras coordinarían la transacción de dinero.
Según informó RPP Noticias, la reclusión de estas personas se produjo el último sábado en medio de estrictas medidas de seguridad.
Ambos permanecerán en estos centros penitenciarios durante los próximos nueve meses por disposición del juez Carlos Morales Córdova mientras dura la investigación preparatoria por el delito de corrupción de funcionarios.
11:40 am | Escrito en
Politica |
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